Bogotá, 20 de julio de 2020: El gobierno de Colombia radicó para consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, firmado ante la ONU en diciembre pasado. 

El proyecto de ley, presentado con mensaje de urgencia y que impone obligaciones en cuanto a generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación; incluye las firmas de las carteras ministeriales que se encargarán de su implementación: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Su origen radica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, en donde se adoptó, entre otros, el Principio 10, el cual busca asegurar que los ciudadanos tengan acceso adecuado a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las presentes y futuras generaciones. Luego en junio de 2012, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) realizada en Río de Janeiro, varios países reafirmaron dicho compromiso mediante la Declaración sobre la aplicación del Principio 10, Colombia se adhirió el 17 de abril de 2013. Finalmente, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron, en Escazú (Costa Rica), dicho Acuerdo Regional.

El 11 de diciembre de 2019, el Embajador Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú.

De ser aprobado por el Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control automático por parte de la Corte Constitucional. Así mismo, a nivel internacional, 11 Estados deben ratificarlo para que pueda entrar en vigor.  A la fecha ya lo ratificaron: 9 países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay); ya lo firmaron y está pendiente su ratificación, 13 países: (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía).

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente de Colombia.